En tecnoliberal ya advertimos de las intenciones del ejecutivo de Sarkozy (no podía ser bueno en todo) y nos preguntábamos cómo iban a conseguir distinguir el tráfico legal del “ilegal”. Pues bien, esta duda queda sin respuesta pero sí sabemos cómo van a evitar que los usuarios díscolos sigan en su tan “odiosa” actitud.
Aunque el método que han encontrado los mandatarios franceses es casi tan sublime como el de sus homólogos españoles (casi, casi). Mientras en España se ordena censurar webs vía DNS, en Francia pretenden avisar del “delito” a todos los usuarios que estén conectados a la IP desde la que se ha cometido el “delito”.
Es decir, en las redes que empleen NAT para que varios puestos o usuarios compartan la misma IP, en el momento un usuario descargue dos cancioncillas de nada (o dos usuarios distintos una sola canción) toda la red recibirá un email de aviso (¿cómo obtendrán el email de los usuarios desde la IP? Je ne sais pas). Desconozco si al tercer aviso cortarán el acceso a toda la IP, pero sería una medida tan memorable que merecería pasar a los anales de la tecnoignorancia.
En cualquier caso, y aunque a este lado de los Pirineos le encuentro hasta su punto cómico, no deja de ser preocupante. Y es que el poder del Gran Hermano, de la mano del “primo de Zumosol” de las productoras, discográficas y organizaciones de derechos de autor, pretende acabar con la libertad en la red simplemente para evitar tener que adaptarse a un cambio en el paradigma de la producción musical/audiovisual. Y mientras el Gran Hermano mata el segundo pájaro de un molesto medio de comunicación que no controla. Los tiempos no cambian para todos.
Simplemente espero que el revés sufrido hoy por estas asociaciones animen a los usuarios a interponer todo tipo de denuncias ante los tribunales nacionales y supranacionales en el momento sus libertades en la red se vean infringidas.
¿Cómo distinguirán el tráfico ilegal de archivos compartidos del tráfico legalmente descargado de Internet? Nadie lo sabe, pero algunas compañías ya han dado la voz de alarma (Dailymotion and Kewego), advirtiendo que se trata de una violación al principio de “presunción de inocencia”.
Y esto, dejando al margen el asalto a la privacidad de los usuarios de Internet que esta “nueva tecnología” puede suponer, en manos de una “entidad independiente” que puede ser cualquier cosa, menos bueno. Y en un país tan acostumbrado al intervensionismo, menos aun.
De todos modos desde España no tenemos nada que envidiar a los franceses. Aquí ya se ha empezado con la censura en Internet, y las pretensiones de la SGAE, que nunca se cansará de pedir y exigir, pueden convertir a la LISI en el verdugo de los proveedores de acceso a Internet. Muerto Internet, se acabó el problema. En Bélgica, están a punto:
In Belgium, in a case brought by Sabam, an organization representing authors, composers and publishers, a court ruled last summer that an Internet service provider called Scarlet should be required to filter out illegal online exchanges of music via peer-to-peer networks. The court gave Scarlet until the end of this year to install the necessary safeguards; Scarlet has appealed.
Estoy ansioso por saber cómo van a filtrar todo el tráfico y dejar fuera el ilegal.
Todo para que la industria de contenidos no tenga que adaptarse a las nuevas normas del mercado. Y nadie parece querese dar cuenta que ello no es más que la prolongación artificial de la vida de un enfermo ya terminal. Es sólo cuestión de tiempo.
En los últimos días la red española está sufriendo convulsiones liberticidas (aquí la noticia, y aquí, aquí y aquí opiniones). Por algún motivo que nadie logra comprender, 9 blogs/webs han sido censurados y no se puede acceder a ellos desde España. O eso es lo que pretendía la solicitud de medidas cautelares del juzgado número 2 de Barcelona. Tras recibir dicha solicitud, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, empleando al Ministerio de Industria, ha lanzado una Orden Ministerial para que todos los proveedores de Internet (ISPs) del país ejecuten dicha censura y corten el acceso desde España a las mencionadas webs.
Filtrar todo el tráfico que atraviesa un país no es trivial, a no ser que se esté preparado desde el principio, como se está en China. O no lo es a un coste asumible, coste que obligaría a los ISPs a echar el cierre y dejarnos a todos sin Internet (a lo mejor esto es lo que buscan). Por ello se han limitado a realizar el bloqueo a nivel DNS.
Pero dicho bloqueo es muy fácil de rodear, y de hecho dentro de un mismo proveedor, dependiendo de los nodos donde hayan eliminado el registro a las webs, se podrán ver las webs censuradas o no. Las grandes empresas, con servidores DNS propios, no tendrán ningún problema, y si se dispone de DNS internacional, menos aun.
Y ese es el método que os sugerimos emplear para saltaros la censura. Cambiad las DNS que os ha proporcionado vuestro proveedor de servicio por las de OpenDNS, y ningún tipo de medida censora hará mella en vuestra conexión:
DNS Primaria: 208.67.222.222
DNS Primaria: 208.67.220.220
Para cambiar las DNS (en Windows XP) sólo tenéis que ir a:
Menú Inicio -> Configuración -> Conexiones de Red
Una vez abierta la ventana, pinchad con el botón derecho sobre la conexión que estéis utilizando, id a “Propiedades”, seleccionar en la ventana que aparece “Protocolo Internet (TCP/IP)” y pinchad en el botón de “Propiedades”. Ahí tenéis las DNS y es donde podéis cambiarlas, dándole a aceptar una vez hecho. Si utilizas router Wifi, es probable que tengas que cambiarlo en el menú de configuración del router.
Apunta las DNS actuales que tienes, por si en un futuro quieres volver a ponerlas. También podéis emplear un servidor proxy sin necesidad de cambiar la DNS, aunque suele dar más problemas (aquí tenéis una buena lista). Y si queréis hacerlo de la mejor forma posible, podéis contratar a un servicio para navegar de forma anónima por sólo 5 euros al mes.
Como podéis comprobar, contra la censura lo más efectivo es…¡la tecnología!
Llego a esta noticia a través de Chinchetru, y como afirma él, de ello ya ha hablado muy bien Isaac Jiménez, y no voy a añadir nada más. Pero si Rajoy quiere perder las próximas elecciones lo que tiene que hacer es decirlo, irse, y que otro más capaz (con poco) junto con un equipo más preparado (es decir, preparado) se enfrente a Zapatero el próximo marzo. Porque con medidas como estas, que aproximan peligrosamente al PP y al PCC, rogaría que el partido en el que milita Esperanza Aguirre dejara de denominarse liberal, si al menos quieren que sigamos considerando que la salud mental de los líderes populares todavía se conserva.
Miedo me da conocer el próximo paso del PP en lo que a nuevas tecnologías se refiere. Porque la cosa va de mal en peor, y con ese equipo experto en nuevas tecnologías (sic) del que disfruta el PP, la cosa no tiene visos de mejorar.
¿No hay nadie en el PP con dos dedos de frente y con algo de conocimiento de las nuevas tecnologías? La respuesta parece ser que no.
Con la reforma, pretenden dotar de “estatus jurídico” a la “guerra de guerrillas”, actualmente conocidas como guerras de cuarta generación, guerra asimétrica o, sencillamente terrorismo.
“Si conseguimos desviar el fuego de los civiles a los soldados, habremos realizado un gran avance en la lucha contra el terrorismo”, afirma Boaz Ganor, fundador y presidente del Instituto Internacional para el Contraterrorismo (ICT). Obviamente, hay muchos opositores a este cambio, ya que lo consideran un enaltecimiento del terrorismo (entre ellos, el exprimer ministro israelí, Benjamin Netanyahu).
Permitir que los que perpetran un atentado terrorista se vean amparados por la Convención de Ginebra simplemente por el hecho de que el objetivo haya sido militar y no civil, no es más que animar a provocar mayores masacres hacia los soldados, y no disminuir el interés por masacrar civiles.
Personalmente no me gustaría, para nada, que un comando de ETA sea considerado por el derecho internacional como “soldados por la libertad” cuando hacen volar por los aires cobardemente un furgón lleno de militares o de Guardias Civiles. Sería una perfecta excusa para abandonar la Convención de Ginebra. Esto no es un avance, sino un retroceso en la lucha contra el terrorismo.
Esperemos que la cordura se imponga en la próxima reunión a mantener en Washington. Si no, la Convención de Ginebra pasará a ser un papel tan inútil como el papel que actualmente ejecuta la ONU.
Leo en el Financial Times que Kevin Rose, el fundador de Digg.com (un portal de promoción de noticias del tipo de Meneame.net pero menos sectario) ha decidido lanzar un órdago a la industria de contenidos norteamericana y acceder a las peticiones de los usuarios de su portal.
Como con todo en esta vida desde que existe Internet, no hay (casi)nada que se resista a la red. Así, hace unas semanas aparecieron en el portal de noticias artículos en los que se incluía la forma de piratear el sistema de protección anticopia del nuevo formato de vídeo de alta densidad HD DVD (la competencia del Blu-Ray de Sony). En concreto aparecía la clave de 32 dígitos que podría ayudar a ello. Ante las amenazas de la industria de contenidos, el portal decidió retirar dichos artículos para que, al menos, el sistema de pirateo fuera más difícil de encontrar. La rebelión de los internautas no se hizo esperar, y los ataques consiguieron dejar fuera de servicio el portal, además de llover centenares
artículos y miles de comentarios criticando la censura que se había impuesto. La red ha reaccionado rabiosa ante este nuevo intento de censura, y ya hay hasta fondos de escritorio (“wallpapers”) con la dichosa clave.
El caso es que tras lo ocurrido, Kevin Rose ha decidido seguir adelante:
“Alter seeing hundreds of stories and reading thousands of comments, you´ve made it clear. You´d rather see Digg go down fighting than bow down to a bigger company. We hear you, and effective immediately we won´t delete stories or comments containing the code and will deal with whatever the consequences might be. If we lose, then what the hell, at least we died trying”.
En este tono que recuerda a Braveheart se expresaba Kevin en el blog de la compañía. ¿Qué pasará? ¿Triunfará la censura o el derecho a informar? ¿Es delito reventar un sistema anticopia? Porque en el fondo, y suponiendo que copiar es delito, el que delinque es el que realiza la copia, no el que aplicando su ingenio ha conseguido romper algo que no era perfecto.
O al menos esto debería ser así, menos en España. Desde el 1 de octubre de 2004, fecha en la que entró en vigor la ley orgánica 15/2003 de reforma del Código Penal, es delito tanto poseer como publicar o dar a conocer mecanismos para saltarse la protección anticopia de programas informáticos, CDs o DVDs, delitos para los que se contemplan penas de hasta dos años de prisión. Es decir, si alguien con una web en España (la legislación española sólo aplica a servidores ubicados en territorio nacional) publica cómo romper el sistema anticopia de los nuevos DVDs o de la tarjeta de Digital +, que se prepare para ingresar en la cárcel.
Esta ley, considerada en su momento como un gran favor al omnipotente y omnipresente Jesús de Polanco, se convierte en un verdadero peligro (aun más) si artículos como el 17bis de la reforma de la LSSI entraran en vigor, porque entonces no sería necesario ni que un juez aplicara la ley 15/2003, sino que directamente la SGAE, la gran aliada de ese señor tan parecido a Jabba el Hut tanto en forma como en poder, podría ordenarlo.
Por lo tanto, el órdago de Kevin Rose al menos ha existido, y desde Tecnoliberal.com le deseamos mucha suerte. No sabemos que pasará pero al menos allí existe la posibilidad de que jueces deliberen sobre este tema, y puede que con la presión de los internautas, se decanten a favor de la libre información sobre las debilidades de sistemas imperfectos. Esto mismo, en España, sería imposible.
De momento, aquí un servidor no sabe cual es el contenido exacto del anteproyecto que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y remitido al Parlamento. Pero ni yo, ni nadie. El Gobierno está poniendo mucho celo en ocultarlo y así evitar molestas reacciones ciudadanas en contra en pleno proceso electoral. Pero hay gente que no está dispuesta a darse por vencida, y algunos ya han empezado a ponerse en huelga. Nosotros no nos ponemos en huelga (de momento) pero sí nos unimos a la campaña.
Hoy Chinchetru nos habla de cómo las nuevas tecnologías e Internet han comenzado a abrirse paso ante el poderoso mundo de las editoriales. Bien, es un paso. Esperamos que pronto algunos lancen iniciativas similares a las del Proyecto Seléucida pero para el mundo musical. Estoy convencido de que la productora de Alaska los apoyarían.
Ya sabes, si quieres que no censuren tus derechos en Internet… no te duermas.

Y el Gobierno de Zapatero su mejor cómplice. Debe ser que esta legislatura está de moda lo de “ceder al chantaje”. Pero es lo que ocurre cuando se tiene un Gobierno que está más interesado en contentar a todos menos a los ciudadanos a los que debería servir, y a los que además, intenta perjudicar en grado sumo.
Mañana miércoles 11 de abril, la Comisión de Subsecretarios debatirá el nuevo anteproyecto de "Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información" (LISI) como paso previo para su aprobación en Consejo de Ministros. Dicho anteproyecto ya saltó a la fama por la nueva redacción del artículo 11 de la anterior “Ley de Servicios de la Sociedad de la Información” (Ley 34/2002, de 11 de julio de 2002, también conocida como LSSI) en la que se estipulaba que un “órgano jurisdiccional o administrativo” podía decretar el cierre o el corte del acceso a una determinada web. El que un órgano “administrativo” tipo CAC pudiera censurar en la red, hizo saltar todas las alarmas. En este artículo de Tecnoliberal.com se hace un repaso a dicha ley y a lo que en la red se opinaba sobre ella.
La policía SGAE
Ahora, para terminar de arreglarlo, el Gobierno ha introducido un nuevo artículo (el 17bis) al anteproyecto, en el que determina que las entidades gestoras de los derechos de autor (léase SGAE, aunque hay muchas más) podrán obligar a la retirada de contenidos que “ellos” (SGAE) consideren ilícitos, podrán obligar al corte del acceso a webs que manejen esos contenidos que “ellos” (SGAE) consideren que vulneran los derechos de propiedad intelectual, e incluso podrán obligar a los proveedores de acceso a facilitar la información privada de los usuarios que en sus ordenadores pongan disponibles esos contenidos que “ellos” (SGAE) consideren ilícitos.
Es más: los proveedores de acceso a Internet y operadores de telecomunicaciones están obligados a “vigilar” a los usuarios y contenidos que circulan por sus redes, bajo pena de ser ellos los destinatarios de las medidas punitivas de “ellos” (SGAE). Por no hablar del coste económico que esto supondría para los operadores y proveedores que en la práctica les obligarían a echar el cierre y a que Internet desaparezca en España. Así pues, esta nueva redacción, en palabras del propio Consejo de Estado, "constituyen una restricción a la libertad de uso de Internet", es decir, a la libertad en Internet.
Obviamente, el hecho de que la entidad más odiada por los españoles de cualquier color político se convierta en la “censora” oficial de Internet, no sólo ha vuelto a hacer saltar las alarmas (mucho más), sino que además la rabia y la indignación se han propagado por la red como la pólvora. Y no es para menos. El dotar a una entidad privada como es la SGAE (sí, sí, privada) de un poder que sólo y exclusivamente debería recaer en los jueces, es probablemente uno de los mayores atropellos a la libertad y a los derechos de los ciudadanos españoles.
Pero el atropello es mayor si tenemos en cuenta que además, la SGAE estará legitimada para vulnerar el derecho a la intimidad de los ciudadanos, ya que ahora no será necesaria una orden judicial para que los proveedores de acceso entreguen los datos de los ciudadanos que “ellos” (SGAE) consideran unos delincuentes.
Una reacción así debían esper