Hago una interrupción en mi periodo de exámenes para hablar de la última mal llamada huelga y que se corresponde más bien con un “paro patronal”. Y es que con la actitud que están tomando los conductores autónomos de camiones (empresarios, no asalariados) están consiguiendo que algunos hasta consideremos lógico que se produzcan acontecimientos como éste en Granada (lógico y normal). Yo, por el bien de un “piquete-terrorista”, que no se me ponga delante por si las moscas.

Todos pagamos la subida de carburantes. Todos. Y si ellos tienen que repercutirlo mediante subidas, que lo repercutan. Pero lo que están haciendo es casi terrorismo. Porque están provocando voluntariamente el terror entre los ciudadanos. Ellos verán, pero ya no hablo con nadie que los defienda lo más mínimo.

Por otro lado es vergonzosa la dejadez del Gobierno. Más importante, pero mucho más, infinitamente más importante que el derecho de huelga es el derecho al trabajo. O a la libre circulación de bienes y personas. Y las FCSE deberían garantizarlo. A la fuerza si es necesario. Pero el Gobierno más acomplejado de la historia, al que todos los terroristas le ponen en jaque (con pasamontañas o en camión), se muestra incapaz y acabará pagando con el dinero de todos nuestros impuestos (algo que ya conocen los piratas somalíes). Ya quisiéramos para nosotros a un Ronald Reagan. Ese sí que sabía qué hacer ante las huelgas salvajes.

Yo por si acaso el lunes me voy a Alemania y estaré casi un mes, que allí además sí saben cómo tratar a otro tipo de terroristas. Así que los que aquí os quedáis, a apechugar con el “paro patronal”, los piquetes terroristas y el Gobierno incapaz. Que os sea leve. O no.

Actualización: 100ⁿ_n→oo % de acuerdo.

Carme Chacón dixit (vía el Alijar) durante el discurso que pronunció en el Palau Dant Jordi de Barcelona junto a Zapatero y González durante la pasada campaña electoral. Esta mujer es la actual Ministra de Defensa, la que se debe encargar de gestionar las suertes de nuestros ejércitos, militares y mecanismos de defensa españoles. Nacionalista, pacifista y ecologista, posiciones muy respetables las tres, pero no aptas para alguien que debe encargarse de gestionar los recursos de defensa de un país como es España.

Desde ayer llevo colgado del teléfono y mis compañeros (militares o civiles) no dan crédito. Desde las elecciones se barruntaba el nombre de la actual Secretaria de Estado de Defensa, Soledad López, que quitando el numerito que organizó en el BOD (Boletín Oficial de Defensa) para aumentarse el sueldo, se suponía debía conocer algo el organismo que gestionaba. Pero ¿Carme Chacón? ¿Qué formación tiene para gestionar las Fuerzas Armadas? No estamos ya hablando de su disponibilidad personal, que personalmente considero nefasta hacia un organismo tan injustamente odiado y vapuleado por los nacionalistas catalanes de los que, recordemos, ella forma parte. Estamos hablando de su conocimiento sobre lo que a partir de ahora debe gestionar. ¿Será de los que piensan que el I+D de Defensa se destina únicamente a fabricar armas para matar a niños iraquíes? ¿Cambiará el nombre a la DGAM (Dirección General de Armamento y Material) por lo “poco pacifista” de su nombre? ¿Será capaz de luchar junto a sus compañeros ministros por defender el escaso pedazo de presupuesto público, menguante por años, que se asigna al Ministerio de Defensa? ¿O lo dejará canibalizar por los demás al ser esta una plaza tan poco digna para un pacifista del dinero público?

O yendo a lo que es más urgente: ¿acelerará la adquisición de los MRAPs tan necesarios para nuestras tropas en Afganistán y que lleva meses retrasada o la cancelará para adquirir monovolúmenes con simbología hippie?

Lo reconozco, estoy lleno de prejuicios hacia esta señora. Pero de un tiempo a esta parte con cierta gente del ámbito político se cumple demasiado bien aquello del “piensa mal y acertarás”. Desconozco qué se esconde detrás de esta acción de Rodríguez Zapatero. Desconozco si es una venganza interna por la famosa foto de la OTAN de hace una semana. Desconozco lo que entre ambos pretenden.  Y ojalá me equivoque. Ojalá el conocer desde dentro las FAS le haga cambiar su visión. Ojalá me haga tragarme mis palabras dentro de dos años. Pero por el momento en mí sólo hay un más que justificado temor. Y es que ahora mismo añoro mucho, muchísimo, a José Antonio Alonso.

P.D. Por cierto, no olvidemos que a partir de ahora el CNI también depende de esta señora. ¿Quién dijo miedo?

Nuestra oposición al programa Galileo ha quedado de manifiesto desde el primer momento en numerosos artículos. El planteamiento que la burocracia europea hizo del programa lo condenó desde el principio, y han tenido que ser los propios burócratas europeos quienes lo salvaran in-extremis vía talonario. El planteamiento “pacifista” del programa provocó risas en medio planeta y vergüenza en el propio continente.

Desde las instancias europeas se ha hecho gala de que Galileo sería un sistema “totalmente civil”, en contraposición al sistema GPS americano que es militar (aunque de muy amplio uso en el mundo civil), como si ello fuera un motivo de orgullo. Pero no sólo eso, sino que además los burócratas de la Comisión Europea tuvieron la osadía de humillar y denostar a los Ministerios de Defensa de los países de la Unión, despreciando su colaboración en la financiación del programa y negándose rotundamente a incluir requisitos para necesidades militares dentro del sistema.

Esta decisión de los burócratas europeos, que creen que la posición respecto a EEUU debe ser enfrentamiento y no colaboración, y que debemos hacer siempre lo contrario que ellos para que no se nos confunda con ellos (como si aquí pudiéramos estar orgullosos de muchas cosas), ha llevado al programa Galileo a un retraso de casi 6 años (y eso de momento) y a la pérdida de millones de euros de presupuesto público, presupuesto que los burócratas de la Unión manejan con demasiada alegría.

Si desde el principio se hubiera, no sólo aceptado, sino impulsado que los MoDs de los distintos países fueran parte del programa, el sistema Galileo estaría a unos meses de entrar a ser operativo. Pero en Europa tenemos ese infantiloide síndrome por demostrar lo “pacifistas” que somos, pacifismo que entre otras cosas nos lleva a permitir genocidios en suelo europeo a las puertas del siglo XXI, genocidio detenido sólo cuando EEUU decidió involucrar a la OTAN en el mismo.

No, Galileo no va a ser motivo de orgullo para los europeos. Como no lo son otras muchas cosas.

Noticia relacionada: España, ninguneada en el acuerdo sobre Galileo

Gran ocurrencia la del equipo del Señor Rajoy. En esta especie de contrarreloj del Partido Popular por perder votos y poner en bandeja las próximas elecciones al equipo de Zapatero, Rajoy ha vuelto a dar una nueva vuelta de tuerca, proponiendo que se obligue a identificarse a todo ciudadano que acceda mediante Wifi o en cibercafés, a Internet.

Llego a esta noticia a través de Chinchetru, y como afirma él, de ello ya ha hablado muy bien Isaac Jiménez, y no voy a añadir nada más. Pero si Rajoy quiere perder las próximas elecciones lo que tiene que hacer es decirlo, irse, y que otro más capaz (con poco) junto con un equipo más preparado (es decir, preparado) se enfrente a Zapatero el próximo marzo. Porque con medidas como estas, que aproximan peligrosamente al PP y al PCC, rogaría que el partido en el que milita Esperanza Aguirre dejara de denominarse liberal, si al menos quieren que sigamos considerando que la salud mental de los líderes populares todavía se conserva.

Miedo me da conocer el próximo paso del PP en lo que a nuevas tecnologías se refiere. Porque la cosa va de mal en peor, y con ese equipo experto en nuevas tecnologías (sic) del que disfruta el PP, la cosa no tiene visos de mejorar.

¿No hay nadie en el PP con dos dedos de frente y con algo de conocimiento de las nuevas tecnologías? La respuesta parece ser que no.

“Hoy en Bruselas ha amanecido un día gris. Como una especie de preludio de lo que nos esperaría en España pocas horas después, el cielo se ha ennegrecido acompasando a los corazones españoles, y ha comenzado a llorar. Al llegar al Cuartel General de la OTAN, la bandera de España a medio izar recordaba a los transeúntes, si quedaba alguno sin conocer la noticia, que hoy en España era un día de duelo. Duelo por seis chavales asesinados por esos que unos llaman “resistencia” en un acto que otros llaman “accidentes”.

Alguien tiene que pagar por lo sucedido. La incompetencia que cuesta vidas, no debe quedar impune. Si se mandan tropas sin los medios necesarios, simplemente por aparentar que se es el jefe de la paz, que ahora pague las consecuencias de su demagógica y mortal incompetencia. Otros lo han pagado con su vida.

Una vez más, descansen en paz.”

Según fuentes consultadas del Ministerio de Defensa, habría bastado un simple inhibidor de frecuencias para salvar la vida de los 6 soldados españoles. Unos pocos euros habrían bastado para salvar la vida de 6 chavales. Los vehículos de cualquier autoridad política o pública están dotados de este sistema de protección. ¿Por qué los vehículos supuestamente blindados en los que cada día mueren más militares españoles no?

Ahora, ante lo sucedido, se han activado todas las alarmas dentro del Ministerio, y parece ser que van a designar una partida presupuestaria ad-hoc para dotar a los BMR´s de este sistema. Pero ya nada devolverá la vida a Jefferson Vargas Moya (21 años), Jackson Castaño Abadía (20), Juan Erickson Posada (20), Jonathan Galea García (18), Juan Vidoria Díaz (20) y David Puerta Ruiz (19).

Ante la creciente amenaza de ataques de carácter asimétrico en los conflictos donde actualmente desarrollan su labor las Fuerzas Armadas españolas, son los denominados IED (“Improvised Explosive Devices”) los que figuran en el puesto número uno de los mortíferos métodos para asesinar. Y ante esta amenaza, de la que centenares de soldados occidentales son víctimas cada mes, no se han tomado medidas dentro de las FAS españolas.

Además, el llamado BMR goza de una obsolescencia que abruma hasta a los ejércitos de los países menos desarrollados. No es capaz de proteger a los soldados más que de un ataque con armas ligeras y su inestabilidad hace que muchos soldados mueran en simples accidentes de tráfico. La alternativa futura, conocida como Futuro Sistema de Combate Terrestre, o FSCT, se encuentra en fase de desarrollo de demostradores tecnológicos, y no se prevé que entren en funcionamiento operativo hasta 2012. Es decir, hasta 2012 (como pronto) nuestros soldados seguirán jugándose la vida con sistemas obsoletos, anticuados y vulnerables. Es decir, hasta 2012 nuestros soldados seguirán trabajando en tumbas con ruedas.

Pero qué se puede esperar de un país donde cada vez que se incrementa el presupuesto de Defensa (uno de los más ridículos de los países occidentales) la progresía patria se desgarra las vestiduras mientras enarbola fotos de niños iraquíes asesinados (aunque haya sido por compatriotas terroristas islámicos). Así nos va. En estas condiciones más le valdría a Zapatero retirar las tropas que tenemos desplegadas por todo el mundo y no sacarlas de casa hasta que dispusieran de unos medios que les permitieran hacer frente a su misión.

Además, tenemos que aguantar la vergüenza de que hayan muerto bajo la bandera de la ONU, bandera bajo la que se esconden toda clase de sátrapas y ladrones. Pero esa es otra historia. De momento, reclamemos en casa.

Descansen en Paz.

P.D. En el último mes no hemos actualizado la web debido a motivos de sobrecarga laboral, pero en los próximos días esperamos recuperar la operatividad.

Hoy nos hemos encontrado con la muerte de otro joven militar español. El pasado 21 de febrero Idoia nos dejaba. Hoy ha sido José Javier Colorado Ramírez, un joven de tan sólo 19 años. También ha sido un BMR su tumba.

Hoy España cuenta con otro héroe menos. Nuestro pésame a su familia. Descansa en Paz, J.J.

Y el Gobierno de Zapatero su mejor cómplice. Debe ser que esta legislatura está de moda lo de “ceder al chantaje”. Pero es lo que ocurre cuando se tiene un Gobierno que está más interesado en contentar a todos menos a los ciudadanos a los que debería servir, y a los que además, intenta perjudicar en grado sumo.

Mañana miércoles 11 de abril, la Comisión de Subsecretarios debatirá el nuevo anteproyecto de "Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información" (LISI) como paso previo para su aprobación en Consejo de Ministros. Dicho anteproyecto ya saltó a la fama por la nueva redacción del artículo 11 de la anterior “Ley de Servicios de la Sociedad de la Información” (Ley 34/2002, de 11 de julio de 2002, también conocida como LSSI) en la que se estipulaba que un “órgano jurisdiccional o administrativo” podía decretar el cierre o el corte del acceso a una determinada web. El que un órgano “administrativo” tipo CAC pudiera censurar en la red, hizo saltar todas las alarmas. En este artículo de Tecnoliberal.com se hace un repaso a dicha ley y a lo que en la red se opinaba sobre ella.

La policía SGAE

Ahora, para terminar de arreglarlo, el Gobierno ha introducido un nuevo artículo (el 17bis) al anteproyecto, en el que determina que las entidades gestoras de los derechos de autor (léase SGAE, aunque hay muchas más) podrán obligar a la retirada de contenidos que “ellos” (SGAE) consideren ilícitos, podrán obligar al corte del acceso a webs que manejen esos contenidos que “ellos” (SGAE) consideren que vulneran los derechos de propiedad intelectual, e incluso podrán obligar a los proveedores de acceso a facilitar la información privada de los usuarios que en sus ordenadores pongan disponibles esos contenidos que “ellos” (SGAE) consideren ilícitos.

Es más: los proveedores de acceso a Internet y operadores de telecomunicaciones están obligados a “vigilar” a los usuarios y contenidos que circulan por sus redes, bajo pena de ser ellos los destinatarios de las medidas punitivas de “ellos” (SGAE). Por no hablar del coste económico que esto supondría para los operadores y proveedores que en la práctica les obligarían a echar el cierre y a que Internet desaparezca en España. Así pues, esta nueva redacción, en palabras del propio Consejo de Estado, "constituyen una restricción a la libertad de uso de Internet", es decir, a la libertad en Internet.

Obviamente, el hecho de que la entidad más odiada por los españoles de cualquier color político se convierta en la “censora” oficial de Internet, no sólo ha vuelto a hacer saltar las alarmas (mucho más), sino que además la rabia y la indignación se han propagado por la red como la pólvora. Y no es para menos. El dotar a una entidad privada como es la SGAE (sí, sí, privada) de un poder que sólo y exclusivamente debería recaer en los jueces, es probablemente uno de los mayores atropellos a la libertad y a los derechos de los ciudadanos españoles.

Pero el atropello es mayor si tenemos en cuenta que además, la SGAE estará legitimada para vulnerar el derecho a la intimidad de los ciudadanos, ya que ahora no será necesaria una orden judicial para que los proveedores de acceso entreguen los datos de los ciudadanos que “ellos” (SGAE) consideran unos delincuentes.

Una reacción así debían esperar los redactores gubernamentales cuando, para lanzar el anteproyecto, ni siquiera han consultado con los organismos involucrados, entre otros, el CATSI (Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) o la Asociación de Internautas. Por si a este crimen le faltaba algún detalle, se le añaden además la nocturnidad y la alevosía.

El canon digital “retroactivo”

Este atropello se une a otro que también está de actualidad. Y es que, como reza el título, la SGAE es el mayor enemigo de la Sociedad de la Información. Si no, que se lo digan a la industria de productos y bienes de consumo tecnológicos, a cuento del injusto e ilegal “canon” digital. No ya es que se trate a los consumidores como “delincuentes en potencia”. No ya es que se trate de un sistema de imposición múltiple, algo ilegal según nuestras leyes.

Es que además la industria está en vilo a cuenta del importe definitivo del maldito canon, ya que aunque su importe no se ha fijado (y por lo tanto no pueden repercutirlo aun en los bienes de consumo), el importe del mismo se deberá calcula con carácter retroactivo a cuando la nueva Ley de Propiedad Intelectual entró en vigor, el pasado 29 de junio de 2006. Y eso con todo lo vendido desde entonces. Hagan unos sencillos cálculos…

La estampida de la industria tecnológica en España va a ser histórica. El retraso en el que se va a sumir a España, tanto por una como por otra medida, va a ser apoteósico. Y la limitación de derechos y libertades a las que nos vamos a ver sometidos, será descomunal. O eso, o nos vamos a tener que rascar mucho el bolsillo los ciudadanos.

Y todo gracias a dos sujetos claramente identificados e identificables: los ladrones de la SGAE y el Gobierno de Zapatero. Caro vamos a pagar los españoles los favores que estos señores le hacen a ZP, caro, muy caro…

Es el momento de que vuelva el Google-bombing.

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“Art. 20.5. de la Constitución Española de 1978: Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

Podéis descargaros aquí la Ley 34/2002 LSSI, aquí el anteproyecto de reforma del pasado mes de septiembre, y aquí la redacción del nuevo artículo 17bis y la evaluación del Consejo de Estado.

Sin comentarios.

No, no, no estamos hablando de derechos de propiedad intelectual, ni del mancillado honor de los autores que cuelgan trabajos en Internet y ávidos internautas sin escrúpulos les plagian. Estamos hablando de algo mucho más serio: ¿Se pondría usted en manos de un cirujano que se ha pasado toda la carrera plagiando sus trabajos de otros encontrados en Internet?

Según el Centro por la Integridad Académica (institución norteamericana encargada de velar por la integridad de los estudiantes como forma de combatir las múltiples formas de fraude académico) 4 de cada 10 universitarios norteamericanos ha realizado para un trabajo alguna forma de plagio de otro existente en Internet. Esta cifra se ha incrementado desde el 10% en 1999 hasta el 40% en 2005. Y baja es esta cifra si se tiene en cuenta que el 77% de los universitarios de aquel país no considera el plagio como algo negativo. Si nos vamos a los institutos, la cosa está peor: el 60% en los públicos y algo menos del 50% en los privados reconoce haber realizado algún tipo de plagio a través de Internet.

En España no existen estudios similares (o al menos no los conozco) pero la situación no será mucho mejor, ya que en nuestro país, de un tiempo a esta parte, la educación ha entrado en una fase de decadencia lamentable: ya no se premia al que se esfuerza, sino que se recompensa al mal estudiante (ya no se pueden poner “ceros” porque estigmatiza…), se integra inmigrantes por edad y se sigue permitiendo a los alumnos pasar de curso sin haber aprobado las asignaturas.

Atrás han quedado los tiempos en los que los estu